Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST): qué exige la Ley 9/2025 y cómo prepararlo antes de diciembre de 2026
- 20 may
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El Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo, conocido por sus siglas como PMST, ha pasado de ser una buena práctica voluntaria a ser una obligación legal para muchas empresas españolas. La Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, en vigor desde diciembre de 2025, lo introduce como instrumento obligatorio para los grandes centros de trabajo. Y el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, ha adelantado doce meses el plazo: la fecha límite efectiva es ya el 5 de diciembre de 2026.
En este artículo explicamos quién está obligado, qué tiene que contener un plan de movilidad , cómo se conecta con la huella de carbono de su empresa y qué pasa si no llega al plazo.
¿Qué es un PMST?
Un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo es un documento estratégico que analiza cómo se desplazan las personas trabajadoras al centro de trabajo y propone medidas concretas para que esos desplazamientos sean más sostenibles, seguros y eficientes.
A diferencia de planes anteriores —que en muchos casos eran voluntarios o de ámbito autonómico— el PMST de la Ley 9/2025 es obligatorio, negociado con la representación legal de los trabajadores y comunicado a la administración a través del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM).
No es un documento de intenciones. Es un instrumento operativo con diagnóstico cuantitativo, medidas con indicadores y metas, calendario y seguimiento bienal obligatorio.
¿Qué empresas están obligadas a tener un PMST?
Según el artículo 26 de la Ley 9/2025, están obligadas a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible para empresas:
Empresas y entidades del sector público que tengan algún centro de trabajo con más de 200 personas trabajadoras cuyo centro habitual sea ese.
Empresas con algún centro de trabajo con más de 100 personas trabajadoras por turno, aunque la plantilla total sea menor.
Tres aclaraciones que muchos artículos pasan por alto:
El umbral se evalúa por centro de trabajo, no por empresa. Una compañía con dos sedes —una de 220 personas y otra de 180— solo está obligada respecto a la primera. Si tiene varias sedes que superan el umbral, cada una genera su propio Plan.
Aplica a cualquier sector. La Ley no distingue entre oficinas, plantas industriales, hospitales, retail, logística o sector público. Solo mira el tamaño del centro y su régimen de turnos.
Centros de alta ocupación (artículo 26.5). Si el centro supera las 1.000 personas trabajadoras y se ubica en municipio o área metropolitana de más de 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao, etc.), se activan obligaciones adicionales: medidas para reducir desplazamientos en hora punta y promover transporte de bajas o cero emisiones.
¿Cuál es el plazo para tener el PMST aprobado?
El plazo es el 5 de diciembre de 2026. No diciembre de 2027 como decía la redacción original.
El artículo 63 del Real Decreto-ley 7/2026 —Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, BOE de 21 de marzo de 2026, convalidado por el Congreso el 26 de marzo— modificó el artículo 26 de la Ley 9/2025 para reducir de 24 a 12 meses el plazo de adaptación. La fecha límite se adelantó un año.
Y el artículo 64 del mismo RD-ley añadió una consecuencia material: las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el RD-ley que incumplan deberán reintegrar las ayudas recibidas.
¿Qué tiene que contener un Plan de Movilidad para empresas?
El artículo 26.3 de la Ley enumera las familias de medidas que deben formar parte del Plan, conforme al principio de jerarquía del artículo 28:
Movilidad activa (peatonal y ciclista).
Transporte colectivo (público o de empresa).
Movilidad de bajas o cero emisiones (vehículos eléctricos e híbridos).
Movilidad compartida y colaborativa (carpooling, vanpooling, carsharing). • Recarga de vehículos cero emisiones en el centro.
Teletrabajo "en los casos en los que sea posible".
Seguridad vial y prevención de accidentes in itinere.
La Ley no fija una estructura cerrada del documento. La buena praxis profesional —alineada con planes equivalentes en Francia (loi LOM) y Países Bajos— recomienda que el PMST contenga, como mínimo:
Memoria descriptiva del centro: ubicación, plantilla, turnos, conectividad existente.
Diagnóstico cuantitativo de desplazamientos: encuesta a la plantilla con tasa de respuesta significativa, análisis de modos, distancias y tiempos.
Catálogo de medidas organizado por familias del artículo 26.3.
Cuadro de indicadores y metas a 2 y 4 años.
Calendario de implantación trimestral con responsables internos.
Plan de comunicación y comunicación al EDIM en el plazo del artículo 27.3.
¿Cómo se conecta el Plan de Movilidad Sostenible con la huella de carbono y la CSRD?
Aquí está el aspecto menos comentado del PMST y que más valor genera para una empresa.
El diagnóstico de desplazamientos produce exactamente el dato que las empresas obligadas al reporte de sostenibilidad CSRD deben publicar bajo el estándar ESRS E1, dentro del Scope 3 Categoría 7 (employee commuting) del GHG Protocol.
Es decir: si su empresa está obligada a CSRD —por superar los umbrales de tamaño de la Directiva (UE) 2022/2464— el dato del PMST le sirve directamente para el reporte ESG anual.
Hacerlo bien una vez evita duplicar el esfuerzo.
El artículo 26.3 también permite incluir voluntariamente la compensación de la huella de carbono para la movilidad emisora sobre la que no se haya podido actuar. Y la inscripción en el Registro de Huella de Carbono del MITECO es voluntaria pero cada vez más valorada en pliegos públicos y por clientes.
¿Cómo se negocia el nuevo Plan de Movilidad para empresas con la representación legal?
El artículo 26.2 de la Ley exige que el Plan se negocie con la representación legal de los trabajadores —comité de empresa, delegados de personal o delegados sindicales— en los términos del Estatuto de los Trabajadores.
Si no existe representación legal en el centro, la Ley prevé la constitución de una comisión negociadora ad hoc integrada por la empresa y los sindicatos más representativos del sector.
Tres advertencias prácticas:
La Ley exige negociación, no acuerdo. La empresa puede aprobar el Plan dejando constancia documental del proceso negociador. Pero un Plan negociado y firmado tiene mucha más solidez frente a inspecciones futuras.
La negociación bien planteada dura entre 3 y 5 meses. No es un trámite de una reunión.
La disposición final tercera de la Ley 9/2025 modificó el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores para incluir el deber de negociar medidas de movilidad sostenible en los convenios colectivos cuya comisión negociadora se constituya a partir del 5 de diciembre de 2025.
¿Qué pasa si no se cumple el plazo del 5 de diciembre de 2026?
El régimen sancionador está en los artículos 103 a 107 de la Ley y contempla sanciones administrativas en diferentes rangos.
Pero la sanción administrativa es lo de menos. Las consecuencias económicas materiales son tres:
Reintegro de ayudas directas del RD-ley 7/2026 (artículo 64) — magnitud variable, potencialmente de cinco o seis cifras.
Exclusión de licitaciones públicas que incorporan el PMST como criterio de cumplimiento ambiental.
Datos exigidos por clientes en CSRD que su empresa no podrá aportar sin diagnóstico de movilidad propio.
¿Cuándo conviene empezar?
Si su empresa está obligada y no ha empezado, el momento es ahora. El proceso completo — diagnóstico, redacción del Plan, negociación con la representación legal, aprobación y comunicación al EDIM— tarda entre 6 y 9 meses.
Si arranca después de septiembre de 2026, el plazo del 5 de diciembre se incumple en la práctica.
En resumen
El Plan de Movilidad Sostenible es obligatorio para centros de trabajo de más de 200 personas o más de 100 por turno. • Plazo: 5 de diciembre de 2026 (RD-ley 7/2026).
Aplica a cualquier sector —oficinas, industria, sanidad, retail, logística, sector público.
El Plan se negocia con la representación legal y se comunica al EDIM en 3 meses desde su aprobación.
El diagnóstico del PMST conecta directamente con el reporte CSRD (ESRS E1, Scope 3 Cat. 7). • El riesgo no es solo la sanción: también reintegro de ayudas, exclusión de licitaciones y datos exigidos por clientes.
¿Está su empresa preparada?
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